Cuando el hipotecado fallece, llegan los problemas para los familiares. Esta es la situación común ante una hipoteca que queda por pagar cuando muere el que iba a ser propietario del inmueble. Sin embargo, al contratar una hipoteca, las entidades bancarias piden que el cliente contrate un seguro de vida que pueda sostener los gastos del inmueble en caso de fallecimiento.
Posibles vinculaciones entre bancos y aseguradoras
El abuso que están cometiendo los bancos en este caso ha provocado situaciones injustas entre los clientes. Muchas veces las aseguradoras están vinculadas a los bancos y ambas entidades aprovechan esta relación con el fin de beneficiarse de la muerte de un hipotecado, a costa de las familias que sufragan los gastos. Según el magistrado Francisco Marín Castán, estos casos se asemejan a los abusos de las cláusulas suelo o de las preferentes.
Cuando un hipotecado muere, la entidad bancaria tiene la obligación de comunicarle el suceso a la aseguradora, para que ésta pueda pagar lo correspondiente a los familiares del fallecido. Es decir, no es suficiente con que uno de los familiares avise a la seguradora, sino que ésta requiere el aviso por parte del banco para poder ejecutar el pago.
¿Qué ocurre entonces? Algunos bancos no están comunicando a las aseguradoras la muerte del hipotecado (o no están dando la orden de desembolso), y se desentienden del pago del seguro de vida, dejando a los familiares con una situación, muchas veces, económicamente inabarcable, y procesando, además, una ejecución hipotecaria. En definitiva, según el diario El Mundo, “una [entidad] recupera el inmueble o sigue cobrando y la otra no afronta ningún desembolso”.
La necesidad de una reforma legal
La imposibilidad de actuar directamente por parte del Tribunal Supremo conduce a la necesidad de una urgente reforma legislativa, para impedir que casos como estos se repitan. La solución no es sencilla, ya que una vez ordenada la ejecución hipotecaria, la ley no respalda al familiar sino al banco: no existe una ley que pueda detener esa ejecución por motivos relacionados con el cobro de un seguro. Por ello, a pesar de buscar soluciones para las familias ya afectadas, se trata de un camino largo que recorrer.
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